Una noticia reciente proveniente de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.) demostró las drásticas consecuencias que sufren las personas vulnerables cuando no se respetan sus derechos lingüísticos en situaciones de emergencia.
Una persona con dominio limitado del inglés fue herida dos veces por disparos mientras se encontraba en la calle. Pasó luego 10 minutos hablando con los servicios de emergencia a través de un intérprete español-inglés antes de que se enviara ayuda. Durante la llamada, el intérprete violó los protocolos profesionales al decir al operador del servicio 911 de Nueva Orleans que aquel hombre mentía sobre su emergencia. Aunque la víctima sobrevivió a las heridas, quedó en condición paralítica.
Millones de personas que no hablan inglés en EE.UU. confían en los servicios de interpretación telefónica para sus necesidades de comunicación, sin que haya ninguna supervisión aparente sobre las normas mínimas de interpretación telefónica de calidad. Las prácticas inadecuadas y los bajos niveles de calidad de la interpretación telefónica violan el derecho de las personas que no hablan inglés a acceder a información crítica, incluso vital. Sin importar que el residente estadounidense en necesidad de atención de emergencia esté cubierto por programas federales como Medicare y Medicaid, o que deba pagar de su propio bolsillo (o incluso que reciba cobertura por algún seguro caritativo), nadie garantiza que la interpretación telefónica se esté realizando correctamente; asimismo, una ley federal aplicable (Título 45 del Código de Reglamentos Federales, apartado 155.205 c(2)) dice sustancialmente poco sobre la manera en que debe realizarse la interpretación telefónica.
Todos los residentes en EE.UU., independientemente de su idioma o estatus legal, merecen el más alto nivel de estándares de comunicación por parte del personal de emergencias. Si bien reconocemos el ambicioso programa de Equidad de la Casa Blanca para hacer hincapié en el multilingüismo y mejorar los servicios de acceso lingüístico en las agencias federales, incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos, asimismo pedimos controles de supervisión (de por sí ya muy demorados) sobre los fondos federales otorgados a organizaciones del cuidado de la salud, en virtud de su obligación de proveer servicios de acceso lingüístico. Esta supervisión debería centrarse en aquellas organizaciones del cuidado médico que externalizan cumplimiento y gestión de servicios de acceso lingüístico a subcontratistas de externalización/deslocalización de procesos comerciales, los cuales operan fuera de la jurisdicción estadounidense.
La Coalición Mundial por los Derechos Lingüísticos formula esta recomendación en reconocimiento del hecho de que las personas de todo el mundo, independientemente de la lengua que hablen, tienen derecho a servicios de interpretación que pueden salvarles la vida. Para garantizar que las comunidades vulnerables y marginadas no corren más riesgos, la calidad de estos servicios debe supervisarse de manera cuidadosa. Incumplir en ésto es literalmente un asunto de vida o muerte.